Una investigación liderada por la fiscal Sandra Fleitas detectó maniobras para ocultar faltantes de mercadería y documentos que no reflejaban las entregas reales.

La Justicia condenó a cuatro integrantes de la Armada Nacional por su participación en maniobras irregulares vinculadas al suministro de carne para el Servicio de Aprovisionamiento de la Armada (SERAP).

La investigación, llevada adelante por la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Sandra Fleitas, permitió establecer la existencia de prácticas destinadas a ocultar faltantes de mercadería y la falta de controles en los procedimientos de entrega.

Los hechos tuvieron origen en dos licitaciones abreviadas adjudicadas a un frigorífico durante los años 2021 y 2022 para la compra de carne de cerdo congelada. La propia Armada Nacional fue quien presentó la denuncia que dio inicio a la investigación.

Según se informó, mediante una práctica conocida como «conversiones», se realizaban cambios de productos. En lugar de entregarse exclusivamente la carne de cerdo contratada, se solicitaban cortes especiales de carne vacuna, de mayor valor económico. Para compensar esa diferencia, se descontaban kilos de carne de cerdo de la adjudicación original.

Esta operativa generaba faltantes de stock en el sistema de aprovisionamiento, situación que posteriormente era disimulada mediante documentación que no coincidía con la mercadería realmente entregada.

Documentación que no reflejaba la realidad

La investigación determinó que se incorporaban remitos con información distinta a los cortes efectivamente suministrados y al destino final de la mercadería. De esa manera, los documentos administrativos no reflejaban lo que realmente ocurría y permitían ocultar la ausencia de controles que debían ejercer los funcionarios responsables.

Si bien durante la causa se sostuvo que las conversiones eran una práctica habitual dentro de la institución, la Fiscalía recordó que las compras realizadas mediante licitación pública deben ajustarse estrictamente a las condiciones establecidas en los pliegos correspondientes.

Condenas y medidas impuestas

Dos de los imputados fueron condenados por asociación para delinquir y uso de documento privado falso. Recibieron penas de 24 y 22 meses de prisión, respectivamente, sustituidas por un régimen de libertad a prueba.

Además, deberán cumplir arresto domiciliario nocturno, realizar tareas comunitarias, presentarse semanalmente ante la Policía, fijar residencia y permanecer con cierre de fronteras mientras dure la condena.

Los otros dos involucrados fueron condenados por omisión de denunciar delitos en su calidad de funcionarios públicos. Las penas impuestas fueron de 15 y 7 meses de prisión, también sustituidas por libertad a prueba, junto a medidas similares de control y seguimiento.