«¿Privatización encubierta? El único voto en contra alza la voz».
La Junta Departamental de Salto vivió un intenso debate sobre uno de los temas más importantes del período: la concesión del Hotel Municipal de Termas del Arapey a una empresa privada por un período de 25 años. Con 28 votos afirmativos y solo uno en contra, el proyecto fue aprobado. Pero no sin antes encenderse una discusión cargada de preocupaciones políticas, técnicas y económicas.
El único voto en contra
El edil Gabriel Scabino fue quien puso sobre la mesa las mayores objeciones. Con un discurso sólido y crítico, expresó dudas fundamentales sobre el proceso de adjudicación directa y la falta de análisis profundo previo a la votación:
“Estamos entregando el patrimonio de todos los salteños por 25 años. Y se le dedicaron solo 20 minutos en comisión. Esto no es serio.”
Scabino apuntó contra la rapidez del procedimiento, cuestionó la falta de información técnica sobre el uso de agua termal y expresó su preocupación por la ausencia de garantías reales de que se construya el parque acuático prometido.
Además, denunció que el canon que pagaría la empresa sería irrisorio: apenas mil unidades reajustables por año, a partir del décimo año de concesión. Al valor actual, eso equivaldría a unos 150 pesos mensuales.
En su intervención, también recordó que el Frente Amplio, partido al que pertenece, había aprobado por unanimidad en 2023 un documento que descartaba la entrega total del hotel a manos privadas. Por eso, dijo que votar el proyecto «a tapa cerrada» podría derivar en consecuencias políticas internas:
“No voy a terminar votando algo sin saber si es bueno o malo para Salto. Sería violentar una resolución del Plenario del Frente Amplio.”
“Una oportunidad para reactivar Arapey”
El resto de los ediles de todos los partidos acompañaron el proyecto, haciendo énfasis en la necesidad de inversión, la generación de empleo y el estado de abandono del hotel.
La edil María de los Ángeles Dacol aclaró que no se trata de una privatización, sino de una concesión:
“El bien no deja de ser del Estado. No es una privatización, es una concesión con un contrato regulado por el TOCAF.”
Juan Pablo Roca, también del Frente Amplio, justificó su voto afirmativo argumentando que, tras meses de estudio con técnicos y actores locales, la única alternativa económicamente viable era la concesión parcial:
“La propiedad sigue siendo pública. El privado asume el riesgo, y el Estado mantiene el control.”
Por su parte, Enzo Molina defendió la decisión con énfasis en la realidad económica actual:
“La intendencia no tiene ni plata ni capacidad de gestión para levantar el hotel. Esta inversión puede revitalizar las termas.”
El proyecto fue aprobado con 28 votos afirmativos y 1 voto negativo (Scabino). Se destacó que el contrato incluye compromisos legales claros y que el futuro control quedará en manos de la próxima legislatura departamental.
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