En Cero Estrés Radio, conversamos con el arquitecto Rogelio Texeira sobre un tema que parece técnico, pero en realidad nos afecta a todos: la ampliación del área urbana de Salto.
Texeira nos explicó que, junto a otros colectivos sociales, sindicales y académicos, están recolectando firmas para presentar un recurso legal contra un decreto que amplía en más de 400 hectáreas la ciudad hacia el norte, desde el Río Uruguay hasta Viera. ¿La razón? Consideran que esta expansión no tiene justificación real y que responde más a intereses inmobiliarios privados que a necesidades de la población.
Según Texeira, en Salto ya existen más de 300 hectáreas urbanas que no están siendo utilizadas. Muchas de ellas tienen servicios básicos y podrían destinarse a nuevos hogares sin necesidad de seguir estirando los límites de la ciudad. Ampliar por ampliar no sólo es innecesario, sino que encarece todo: desde las calles y la iluminación, hasta los servicios públicos como escuelas, bomberos o transporte.
Una de las mayores preocupaciones del arquitecto es que este tipo de decisiones se toman sin la participación real de la ciudadanía. La Junta Departamental aprobó el decreto en apenas 50 minutos, sin discutirlo en profundidad ni en comisión. Para Texeira, esto va en contra de las leyes de ordenamiento territorial que exigen participación ciudadana.
Además, Texeira pone el foco en lo que esto puede generar a largo plazo: una ciudad más cara, menos sostenible y más desigual. Si los barrios nuevos se hacen lejos y sin planificación adecuada, se corre el riesgo de segregar socialmente a la población. “Los ricos por un lado, los pobres por otro”, resumió.
También cuestionó que se mencione la posibilidad de integrar cooperativas de vivienda en estos nuevos terrenos, cuando en realidad los requisitos mínimos de superficie hacen muy difícil que esas cooperativas puedan construir allí de forma eficiente y económica.
Por otro lado, el arquitecto mencionó que hubo observaciones del Ministerio de Ambiente que no parecen haber sido tomadas en cuenta en el decreto final. Esto abre una nueva preocupación: ¿se está respetando el impacto ambiental que estas decisiones pueden generar?
Texeira recordó que las decisiones urbanas deberían ser de interés público y discutidas abiertamente. Por eso, su colectivo está juntando mil firmas para llevar este tema a la Cámara de Diputados. Si logran presentarlas, el Parlamento tendrá 60 días para evaluar si el decreto debe anularse.
Con una ciudad que posiblemente pierda población en los próximos años, la pregunta que deja esta entrevista es clara: ¿para quién se está agrandando Salto?
