En los últimos días, el tema de los ceses en la Intendencia de Salto ha ocupado el centro de la agenda pública. Se trata de una decisión que no solo golpea a trabajadores y familias, sino que también despierta preguntas sobre la legalidad de los ingresos, la gestión de recursos y el rumbo político del departamento.

En nuestro espacio radial conversamos con el abogado Dr. Roque Basualdo, quien brindó su mirada sobre las causas y consecuencias de esta compleja situación.

La legalidad en el centro del debate

Para Basualdo, el punto clave está en cómo, cuándo y bajo qué forma ingresaron los funcionarios a la Intendencia. “Analizando el origen del vínculo laboral, se puede determinar la legalidad o no, y con ello la estabilidad. El concurso y el sorteo son los mecanismos que realmente generan estabilidad en el funcionario público”, sostuvo.

En ese sentido, entiende que la administración actual actuó respaldada por su equipo jurídico y que, aunque el convenio colectivo genera obligaciones, la designación directa no asegura permanencia en el cargo.

Un presupuesto que no resiste

Consultado sobre los argumentos económicos, Basualdo señaló que la Intendencia enfrenta un déficit cercano a los 50 millones de dólares, lo que obliga a medidas de austeridad.
“La ciudad de Salto se ha venido abajo. Lo que se recauda no puede destinarse únicamente a salarios; también se necesitan obras, mejor maquinaria, calles en buen estado y servicios que funcionen. Si todo va a sueldos, no queda margen para invertir”, explicó.

Igualdad de oportunidades y clientelismo

Otro de los puntos mencionados fue la igualdad de oportunidades. Según Basualdo, mantener vínculos laborales sin concursos ni sorteos vulnera ese principio.
“Cuando se ingresa por razones políticas, se genera clientelismo. Eso significa servirse de la función y no deberse a la función, y es un mal que afecta no solo a la Intendencia de Salto, sino a todo el sector público”, advirtió.

El abogado fue aún más duro al recordar que “en la Intendencia hay familias con tres o cuatro integrantes que entraron en los últimos años de la administración de Andrés Lima, mientras otros salteños nunca tuvieron la oportunidad porque no eran militantes”.

Cargos de confianza y presupuesto heredado

Otro tema sensible fue la presencia de cargos de confianza mientras se producen ceses. Basualdo aclaró que la actual administración trabaja todavía con el presupuesto aprobado en la gestión anterior.
“La cantidad de funcionarios y cargos de confianza se mantiene porque así lo establece la norma presupuestal. Recién con la próxima redacción del presupuesto se podrá ajustar el organigrama”, explicó.

Responsabilidades políticas

Para Basualdo, las responsabilidades no recaen únicamente en las actuales autoridades. “El gran responsable de esta situación fue el ex intendente Andrés Lima, que abusó de las designaciones directas como moneda de cambio político. Ahora se ajusta a derecho para frenar esas prácticas”, afirmó.

También criticó el rol del sindicato ADEOM, al que acusó de haber sido parte del proceso que dividió a la familia municipal y de carecer de autocrítica.

Comparaciones con 2015

El entrevistado recordó que en 2015 también hubo ceses, pero con otro matiz. “En aquel momento se pudo haber reestructurado la Intendencia y evitar los despidos, pero no se hizo. Fue un acto de malicia política. Incluso recuerdo cómo Lima pasó frente a la carpa de los trabajadores como si se burlara de ellos”, señaló.

Hoy, dice, la situación es distinta: “No se trata de revanchismo, sino de ordenar las finanzas y terminar con el clientelismo político”.

Silencios y futuro político

El silencio del ex intendente Lima y de su sector político tampoco pasó desapercibido. Para Basualdo, refleja una estrategia de especulación. “Gobernaron para un partido, no para toda la sociedad. Despilfarraron los recursos y dividieron a los funcionarios. Hoy guardan silencio, pero mañana seguramente cuestionarán a la coalición actual, olvidando el desastre que dejaron”.

Una herida social abierta

Más allá de las justificaciones legales y económicas, Basualdo reconoció que el costo humano es muy alto. “Cuando un trabajador pierde su empleo, falta un plato de comida en la mesa. Eso duele. Pero debemos entender cómo fue el ingreso y qué tan sostenible era esa contratación. Solo así se puede encontrar un equilibrio entre justicia social y responsabilidad en la gestión”.

En definitiva, la decisión de cesar trabajadores en la Intendencia de Salto abre un debate profundo: ¿cómo conciliar la necesidad de ordenar las cuentas y respetar la legalidad con la urgencia social que golpea a cientos de familias?