En un testimonio exclusivo que ya genera repercusiones en Salto, el ex funcionario aduanero Héber Fernández habló por primera vez públicamente sobre un procedimiento realizado en 2022 a una camioneta de alta gama vinculada a un ex jerarca departamental. Lo hizo en una entrevista en Cero Estrés Radio, en Radio Turística, y su relato confirma detalles que hasta ahora se conocían solo por versiones parciales.
El inicio del operativo
Fernández recordó que el procedimiento ocurrió en el puente de Salto Grande, una tarde de 2022. Una camioneta Toyota roja, recién comprada y valuada en más de 70 mil dólares, regresaba de Concordia con varios accesorios nuevos incorporados.
“Venía cargada con una caja negra, valijas de herramientas, una lona marinera y enganches. Todo eso rondaba entre 3.000 y 4.000 dólares. Eso, arriba del puente, es contrabando”, aseguró.
El ex aduanero relató además el breve diálogo que tuvo con el conductor, hijo del propietario del vehículo:
“¿Fuiste a incorporar esto que traés acá?”, preguntó Fernández.
“Sí, porque en Salto no hay”, contestó el joven.
Al pedir la boleta, la respuesta fue negativa. Solo mostró un remito de un taller de Concordia. Para Fernández, eso era insuficiente: “Sin boleta, no hay respaldo legal. Eso lo sabe cualquiera”.
Un procedimiento fuera de lo común
Fernández explicó que el procedimiento se extendió hasta altas horas de la madrugada, porque el desmontaje de los accesorios debía hacerse con personal especializado. “No somos mecánicos. Vinieron técnicos a desarmar, porque los artículos estaban ya incorporados al vehículo”, detalló.
Hasta ese momento, todo seguía el protocolo normal: actas, registro escrito, intervención de otros funcionarios. Pero lo que vino después sorprendió al propio equipo. “Yo entregué el procedimiento a las once de la noche, con todo documentado. Sin embargo, a las tres de la mañana, la camioneta ya estaba circulando en la ciudad. Eso no ocurre con nadie más”, denunció.
Según explicó, lo habitual en estos casos es que el vehículo quede retenido en Aduana y se inicie un expediente judicial. “A un vecino común le incautan el auto, lo exhiben en la puerta de la Aduana y hasta lo formalizan en Fiscalía. Con esta camioneta no pasó nada de eso”, comparó.
La confirmación más fuerte
En el aire de Cero Estrés Radio, Fernández soltó el relato del operativo de esa noche: “No era de un vecino cualquiera. Era de un ex intendente. Y ahí empezaron las presiones para liberar la camioneta”.
El ex funcionario afirmó que cumplió con su labor como correspondía, pero que la decisión final no dependió de él. “Yo hice el procedimiento, firmé las actas y cumplí con mi trabajo. Después se tomaron decisiones que no están en la normativa”, apuntó.
“La justicia no fue igual para todos”
Con más de 40 años de experiencia, Fernández insistió en la desigualdad del trato. “La justicia debe ser justa. Para el pobre es cárcel, para el que tiene poder, libertad. Eso fue lo que pasó acá. Yo no voy a hacer apología del delito, pero las injusticias hay que decirlas”, remarcó.
Aseguró además que guarda copias y documentación que respaldan su versión, y que no tiene problema en declarar ante la justicia. “Tengo todo escrito de mi puño y letra. No hablo de memoria. Hablo con papeles en la mano”, enfatizó.
Un testimonio que abre interrogantes
La entrevista en Radio Turística generó un fuerte impacto porque, por primera vez, un funcionario que estuvo en el lugar confirmó públicamente que el vehículo estaba vinculado a un ex intendente y que el procedimiento no siguió el camino habitual.
El relato de Fernández refuerza las sospechas de que existió un trato preferencial y plantea una pregunta de fondo: ¿la ley se aplica de igual manera a todos los ciudadanos?
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparencia en los procedimientos aduaneros y la importancia de que las autoridades aclaren qué pasó con esa camioneta que, según el propio aduanero, “no recibió el mismo trato que reciben los vecinos comunes”
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