Caso de certificados THATA / Víctimas estudian posible juicio civil contra Ministerio del Interior

CEROESTRES ha recibido información confiable sobre el caso conocido como THATA. Según nuestras fuentes,  personas que se sintieron perjudicadas en su salud y en su trabajo están preparando una demanda civil por daños y perjuicios. Este caso ha puesto de relieve serias preocupaciones sobre la transparencia y la ética en la gestión de la Jefatura de Policía de Salto, especialmente en lo que respecta a la oficina de tenencia y porte de armas.

Los hechos comenzaron cuando  funcionarios alertaron a sus superiores sobre irregularidades en el proceso de tramitación de documentos para manejar y portar armas. Esta denuncia llevó a una investigación interna, que resultó en la separación de los funcionarios que habían hecho las advertencias. Lamentablemente, las consecuencias para estos empleados fueron severas: uno de ellos no renovó su contrato, mientras que otro fue trasladado de su oficina, lo que generó un ambiente de temor y desconfianza entre sus colegas.

Funcionarios perseguidos…

La situación ha dejado a funcionarios sintiéndose perseguidos por haber actuado de acuerdo con la ley de funcionarios públicos. Este clima de incertidumbre no solo afectó su bienestar laboral, sino que también tuvo repercusiones en sus vidas personales y familiares. Las tensiones y el estrés derivados de esta situación han impactado negativamente en su salud.

Las víctimas del caso…

Las víctimas de este caso, quienes dieron origen a la investigación de LA PRENSA,  inicialmente acudieron a la Jefatura para tramitar sus certificados, se encontraron en una situación inesperada al verse obligados a declarar en la seccional policial y en la fiscalía. Las condenas resultantes de la investigación han proporcionado un respaldo a los policías honestos que, en el momento de las sentencias, ya no formaban parte de la Jefatura de Policía. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Juicio Civil contra el Ministerio del Interior

De acuerdo con fuentes cercanas y confiables, habrían  decidido recurrir al Ministerio del Interior. Representantes legales de  afectados están analizando la posibilidad de presentar un juicio civil contra esta entidad, buscando justicia y reparación por los daños sufridos. Este paso es significativo, ya que refleja la determinación de los afectados por hacer valer sus derechos y buscar una solución a las injusticias que han enfrentado.