La reciente decisión del CESE de 291 funcionarios municipales es dolorosa, pero necesaria y fundamentada en sólidos argumentos jurídicos, manifestó el intendente de Salto Dr. Caros Albisu. El convenio colectivo que pretendía dejar a estos empleados como permanentes viola claramente normas legales y la Constitución. No es fácil tomar esta medida porque hay personas, con sus esperanzas y expectativas, afectadas. Sin embargo, nuestra responsabilidad como gobernantes es pensar en todos los salteños y hacer respetar la ley.
Nadie debería sorprenderse con esta decisión. En la campaña electoral dijimos que era vital ordenar la intendencia. Después de ganar, fuimos claros en que revisaríamos esta designación hecha ilegalmente por el gobierno anterior, apenas días antes de dejar el cargo. Lo hicimos porque los salteños siempre pidieron un cambio, un nuevo tiempo donde se respete la legalidad y los recursos públicos.
Era obligatorio ordenar la casa. Estos 291 funcionarios contratados de forma directa por la administración anterior implicaban un gasto de unos 20 millones de pesos cada mes, alrededor de 6 millones de dólares al año. Aunque el costo de sus egresos — liquidaciones, salarios proporcionalmente pagados, vacaciones y aguinaldos — será alto, cerca de 750 mil dólares, era insostenible mantener esta situación.
No olvidemos que al asumir encontramos múltiples problemas heredados: incumplimientos en pagos con el Banco República, deudas con proveedores, maquinaria y equipos en mal estado, edificios municipales casi en ruinas y dependencias cerradas, como museos y zoológicos. Además, pocos días antes de la transición, se presupuestaron 234 funcionarios más y se concedieron readecuaciones de categoría a más de 300 personas, situación que respetamos para no generar conflictos innecesarios.
Lo que no aceptamos es que, en esa misma negociación, se intentara dejar como permanentes a esos 291 funcionarios que ingresaron por designación política directa, muchos sin cumplir tareas municipales reales o en calidad de comisionados políticos. Esto generó una carga insostenible para la intendencia y una injusticia para quienes trabajan honradamente.
Nuestro compromiso, claro y público, es revalorizar a los funcionarios municipales. La mayoría cumple una gran función, como ha podido verse en estos primeros 75 días de gobierno. Ellos se pusieron la camiseta y trabajaron con pocas herramientas para mejorar la ciudad. A ellos queremos premiarlos, reconocer su trabajo, y que vuelvan a ser evaluados según su desempeño, con salarios justos y acordes a su dedicación.
Además, adelantamos que, por razones humanitarias o necesidades puntuales del servicio, algunos de los funcionarios cesados podrían ser reincorporados bajo nuevas reglas legales. Se evaluará caso por caso para respetar siempre la normatividad vigente.
También queremos aclarar que no hemos aumentado la cantidad de cargos de confianza de forma irresponsable. Antes había 74 cargos de confianza, nosotros hemos sumado 42, y mientras el gobierno anterior tenía 10 directores, nosotros nombramos solo 7. La responsabilidad y el equilibrio son parte de nuestra gestión.
Esta medida no alegra a nadie porque detrás hay personas y familias, pero es la decisión correcta que la mayoría de los salteños apoyó al votar. Estamos comprometidos con poner la casa en orden, sin dejarse guiar por opiniones de redes sociales o presiones mediáticas, sino con trabajo responsable y diálogo con todas las partes.
Desde esta mañana, las notificaciones oficiales comenzaron a llegar a los afectados en sus respectivas áreas. El proceso es técnico y jurídico. Seguiremos trabajando con los directores y la Junta Departamental para hacer las cosas bien, con respeto y seriedad.
No buscamos lo perfecto, pero sí hacer lo correcto para todos los salteños y el futuro de la intendencia.
