En los últimos días, Uruguay volvió a ocupar titulares por una decisión que desconcierta: la suspensión de exportaciones de ganado en pie hacia Israel como gesto político frente al conflicto en Medio Oriente. “Basta de vender carne al ejército que hambrea Gaza”, plantean la Coordinación por Palestina y sindicatos portuarios a cargo de la acción.

El paro no altera la guerra ni cambia el rumbo de los protagonistas lejanos; en cambio, golpea directamente a nuestra economía. En un país pequeño y en desarrollo, donde cada contrato de exportación se conquista a fuerza de esfuerzo y reputación, estas medidas son mucho más que un símbolo: son un riesgo real para el sustento de miles de familias y para la prosperidad del país.

Uruguay no puede darse esos lujos. Cada mercado abierto requiere años de negociaciones, certificaciones y cumplimiento riguroso de plazos. En el comercio internacional, la confianza es un capital tan valioso como la propia mercancía. Cuando la carga no llega en tiempo y forma, el comprador simplemente busca otro proveedor, sin sentimentalismos ni espera. Cada barco que no zarpa significa contratos rotos, penalizaciones económicas y un cliente que quizá nunca regrese. Recuperar ese espacio comercial puede llevar años, si es que se logra. Para un país que depende de sus exportaciones para sostener hospitales, escuelas y obras públicas, ese es un precio demasiado alto.

El daño no se mide solo en cifras. Cuando una empresa deja de vender, sufre toda la cadena: se frenan inversiones, se impacta en el agro, se recortan turnos, se reducen horas extras y, si la situación se prolonga, se pierden empleos, en especial de quienes hoy levantan una bandera extranjera en nuestro Puerto. Los primeros en sentir el golpe no son los grandes capitales, sino los trabajadores que hoy se movilizan. En un giro irónico, quienes interrumpen la actividad productiva terminan en la primera línea de riesgo: ponen en peligro su propio empleo, su salario y el alimento de sus familias. Es una paradoja dolorosa que emerge de la más profunda ignorancia, cuando se priorizan causas con sesgos ideológicos en lugar de la propia familia: la protesta que se proclama en defensa de derechos termina socavando el mismo sustento que busca proteger.

Esta incoherencia se vuelve más evidente cuando se la compara con otras tragedias humanitarias que apenas provocan reacciones. África sufre a diario guerras civiles, hambrunas y violaciones masivas de derechos humanos, pero raramente motivan paros o boicots de similar magnitud. No se trata de restar importancia al conflicto en Oriente, sino de señalar que la protesta parece guiada por selectividad y afinidades políticas más que por un principio universal de defensa de la vida. Si la causa es la dignidad humana, esa causa debería ser igual de firme sin importar la geografía, la religión de las víctimas o la conveniencia política. La credibilidad de una protesta se sostiene en su coherencia.

Uruguay necesita generar riqueza, no frenarla. Necesita estabilidad para atraer inversiones, para mantener su red de protección social y para ofrecer oportunidades de trabajo a las nuevas generaciones. Cada vez que interponemos ideología en el comercio, el daño lo sufrimos nosotros mismos. No se enriquece Palestina ni se empobrece Israel: se empobrece Uruguay. En un país que todavía busca su lugar en el desarrollo, proteger nuestra capacidad de producir y vender es una responsabilidad compartida que no admite distracciones.

La prosperidad no se decreta ni se grita; se construye con previsibilidad, trabajo y coherencia. Las consignas pueden ser legítimas, pero no pueden costar el pan de quienes las pronuncian. Si queremos un país con futuro, debemos empezar por no dispararnos en el pie. Protestar es un derecho; convertir ese derecho en un arma contra nuestro propio crecimiento es una contradicción que Uruguay, con su economía frágil y su urgente necesidad de desarrollo, no puede permitirse.

Artículo redactado por el Doctor Ignacio Supparo

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