«Fraude, falsificación y privilegios: la formalización penal de Charles Carrera sacude al Ministerio del Interior»

Por Pedro Rodriguez| 12 de junio de 2025

El escándalo que sacude al Ministerio del Interior uruguayo tiene nombre y apellido: Charles Carrera, exdirector general de Secretaría y actual figura pública, fue formalizado penalmente por tres graves delitos vinculados a su gestión entre 2010 y 2017.

La fiscalía presentó una contundente acusación que derivó en su formalización por los delitos de fraude, falsificación ideológica por funcionario público (como autor mediato) y uso indebido de información privilegiada, todos con concurso fuera de la reiteración. La denuncia gira en torno al caso de Víctor Hernández, un civil gravemente herido por una bala perdida en 2012, quien luego fue internado durante más de tres años en el hospital policial, a pesar de no pertenecer ni tener vínculo con la fuerza policial.

Según los documentos presentados por la fiscalía, Carrera ordenó verbal y luego por escrito el ingreso de Hernández al hospital policial, falseando su calidad de «suboficial ayudante» para sortear los controles del sistema. Esta acción fue ejecutada por el entonces director de Sanidad Policial, quien cumplió la orden sin cuestionamientos. La maniobra fue calificada por la fiscalía como una falsificación ideológica, al consignar datos falsos en documentación oficial para permitir un ingreso irregular.

Además, se constató que durante su estadía en el hospital, Hernández y su familia recibieron mensualmente vales de alimentación por un valor equivalente a mil dólares, sin respaldo legal alguno. Dichos fondos provenían del rubro presupuestal «canasta de fin de año», reservado exclusivamente para funcionarios policiales. La fiscalía considera que esto constituyó un fraude al Estado, al haber desviado fondos públicos mediante órdenes irregulares, y un uso indebido de información privilegiada, ya que Carrera conocía los mecanismos presupuestales por su posición jerárquica.

La evidencia incluye órdenes de pago, constancias firmadas, informes contables, una grabación del propio Carrera admitiendo la ayuda “excepcional” y el testimonio de los responsables administrativos que procesaron los pagos. También se destacan informes psiquiátricos que cuestionaban la pertinencia de mantener al paciente internado por tanto tiempo, y múltiples renovaciones de autorizaciones especiales para su permanencia en el hospital.

La fiscal del caso enfatizó que estos actos no pueden ser considerados simples gestos humanitarios. “Los actos de humanidad se hacen con dinero propio, no con el del Estado”, sostuvo. Según su planteo, se utilizó la estructura del Ministerio del Interior para beneficiar a un particular, provocando un perjuicio económico a las arcas públicas.

Carrera, que compareció con su abogado, negó irregularidades, pero la Fiscalía considera que existen pruebas objetivas suficientes para continuar la investigación y llevarlo a juicio.

Este caso no solo compromete a un alto exjerarca del Ministerio del Interior, sino que también pone en el centro del debate el uso del poder, la ética en la administración pública y los límites entre lo humanitario y lo ilícito.