Otra baja en menos de 100 días: el presidente del Instituto de Colonización renunció bajo presión política y jurídica.

A menos de tres meses de asumido el nuevo gobierno, se confirmó una nueva renuncia dentro del equipo de jerarcas del Frente Amplio. Esta vez, se trata de Eduardo Viera, quien hasta ahora ocupaba el cargo de presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC).

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales al informativo Telemundo, indicando que Viera dejará el INC y pasará a desempeñarse en otro organismo: el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

La salida se da en medio de una creciente polémica que lo colocó en el ojo de la tormenta política y jurídica. En los últimos días trascendió que Viera es colono, es decir, beneficiario directo de tierras otorgadas por el propio Instituto que presidía. Esta situación generó un conflicto con el artículo 200 de la Constitución, el cual prohíbe que los directores de entes públicos mantengan vínculos profesionales o personales con la institución que integran.

El artículo es claro: “Tampoco podrán los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen.”

Ante esta incompatibilidad, desde la oposición se exigió su renuncia inmediata. Por su parte, el presidente Yamandú Orsi había declarado públicamente que Viera debía dar “un paso”, aunque sin aclarar si eso significaba su alejamiento o una redefinición de funciones.

Finalmente, la decisión fue tomada. Viera se despedirá del cargo y ofrecerá una conferencia de prensa este mismo jueves, acompañado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien respaldó la gestión del INC pero entendió la necesidad de dar una señal clara ante la opinión pública.

Con esta renuncia, ya son varios los cambios de autoridades en apenas los primeros 100 días de gobierno, lo que genera preguntas sobre el manejo de los nombramientos y la presión institucional a la que se enfrenta la nueva administración.

El caso Viera deja una lección: la transparencia y la coherencia entre la función pública y la legalidad no pueden ser ignoradas. Y también evidencia que la oposición y la ciudadanía están atentas.