Hoy en Salto se discute la posibilidad de incorporar empresas privadas a la recolección, traslado y disposición final de los residuos. Es un debate importante y necesario, porque cuando el Estado decide entregar parte de un servicio a empresas privadas hay que discutir costos, controles, contratos, responsabilidades y, fundamentalmente, quién termina pagando.
Pero esta discusión también nos lleva a mirar hacia atrás. Porque mientras hoy discutimos la participación privada en un servicio municipal, hace más de una década comenzó en Uruguay un proceso mucho más profundo en el sector energético. Y, a nuestro entender, aquel proceso de incorporación de privados a la generación de energía fue avanzando en medio de muchos silencios.
No estamos diciendo que la participación privada sea mala. Tampoco estamos en contra de las energías renovables. Uruguay hizo una transformación muy importante de su matriz energética con la incorporación de energía eólica, solar y biomasa. ¿en qué condiciones se hizo?¿Quién asumió los riesgos? ¿Quién garantizó los negocios? ¿Cuánto terminamos pagando los usuarios de UTE?
Estas preguntas no las hacemos nosotros solamente. Hace algunos años, en una entrevista que realizamos en radio y que también fue publicada en nuestro portal, el economista Enrique Peés Boz, exdirector de UTE y conocedor de la empresa desde adentro, planteaba fuertes cuestionamientos al modelo utilizado.
Según explicó, entre 2012 y 2018 se firmaron contratos PPA, es decir, acuerdos de compra de energía con empresas privadas, por períodos de 20 y hasta 30 años. El planteo era que aquellos contratos aseguraban durante décadas determinados precios de compra de la energía, trasladando buena parte del riesgo hacia UTE.
Y hay un dato que, más allá de compartir o no todas las conclusiones del economista, merece ser discutido públicamente: de cada 3.000 pesos que paga un usuario en una factura de UTE, aproximadamente 1.200 se destinan al pago de contratos con agentes privados. Si esa cifra es correcta, estamos hablando de un componente muy importante del costo que pagan las familias y las empresas todos los meses. El problema no es que exista un privado generando energía.
El problema es cuando el Estado queda comprometido durante 20 o 30 años a comprar energía bajo condiciones que pueden dejar de ser convenientes con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología. Porque lo que hace diez años podía parecer un precio razonable, hoy puede ser caro. La tecnología cambió, los costos de generación cambiaron y el mercado también.
Sin embargo, los contratos siguen vigentes.
Peés Boz también advertía sobre otro problema: Uruguay construyó una capacidad de generación que permite producir mucho más de lo que el mercado interno necesita. Cuando existen posibilidades de exportar energía, ese excedente puede tener una utilidad. Pero cuando esas oportunidades no aparecen, parte de esa capacidad queda sin utilizar.
Y aun así existen compromisos económicos. Aquí aparece una discusión que creemos que Uruguay debe tener con mucha seriedad. Hoy en Salto discutimos si determinados servicios de residuos deben ser prestados directamente por la Intendencia o mediante empresas privadas. Perfecto. Discutámoslo.
Pero usemos la misma vara para todo. Si vamos a hablar de privatización o de participación privada, también debemos revisar cómo se hizo en otros sectores del Estado. Porque cuando comenzó el proceso de transformación de la matriz energética y la incorporación masiva de privados a la generación eléctrica, no vimos la misma discusión que estamos teniendo ahora.
¿Dónde estaban los grandes debates? ¿Dónde estaban los cuestionamientos? ¿Dónde estaban quienes hoy advierten sobre los riesgos de entregar servicios públicos a privados?
Y aquí aparece también una responsabilidad política. El proceso de transformación de la matriz energética comenzó bajo gobiernos y decisiones políticas concretas. No apareció de un día para otro. Y quienes hoy están en el gobierno nacional también tienen que explicar qué se hizo en aquel momento y cuáles son las consecuencias que esas decisiones tienen actualmente.
Repetimos, no estamos contra el privado. El privado puede invertir, generar empleo, aportar tecnología y participar en servicios públicos.Pero el Estado tiene que negociar bien. Tiene que cuidar el dinero de los usuarios. Tiene que establecer contratos que protejan el interés público.
Y tiene que evitar que el riesgo empresarial termine siendo trasladado a una empresa pública y, por esa vía, a todos los uruguayos. Por eso creemos que la discusión que hoy se da en Salto sobre los residuos puede ser mucho más profunda.
No debería ser simplemente privados sí o privados no. La pregunta debería ser qué modelo es más conveniente para la población, cuánto cuesta, qué obligaciones tendrá el privado, qué controles tendrá el Estado, cuánto durará el contrato y qué sucede si dentro de diez años las condiciones cambian.
Porque eso mismo es lo que debemos preguntarnos cuando miramos hacia atrás y analizamos el proceso energético. Hay decisiones que se toman por unos pocos años, pero contratos que duran décadas. Y la factura llega todos los meses. La paga el usuario.
